Mundial | Las asociaciones miembros de la FIFA deberían pedir la dimisión de Infantino
El Mundial siempre ha sido presentado como la máxima expresión del fútbol, un torneo en el que todas las selecciones compiten bajo las mismas reglas y donde la justicia deportiva debe prevalecer por encima de cualquier interés político, económico o mediático. Sin embargo, la reciente decisión de la FIFA de suspender la sanción derivada de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun ha abierto una de las mayores crisis de credibilidad que recuerda el organismo rector del fútbol mundial.
Si el procedimiento seguido por la Comisión Disciplinaria no fue el mismo que se aplica al resto de los futbolistas expulsados durante el torneo, la FIFA tiene la obligación de explicar con absoluta transparencia qué fundamentos jurídicos justificaron esa excepción. El silencio institucional, lejos de disipar las dudas, alimenta la percepción de que existen selecciones con un trato privilegiado.
La igualdad ante el reglamento constituye uno de los principios esenciales del deporte. Cuando una institución transmite la impresión de que una decisión puede estar influenciada por factores externos, el daño no se limita a un solo partido: afecta a la confianza de jugadores, federaciones, aficionados y patrocinadores en la integridad de la competición.
La controversia adquiere una dimensión aún mayor después de que diversos medios informaran de una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El propio Infantino reconoció haber recibido esa llamada, aunque aseguró que el caso sería resuelto por los órganos competentes de la organización. Aun cuando no exista prueba de una intervención directa en la decisión disciplinaria, la coincidencia de los acontecimientos exige una explicación exhaustiva por parte de la FIFA para despejar cualquier sospecha.
También resulta llamativo que, según la Federación Belga de Fútbol, la entidad no haya recibido la resolución motivada ni una explicación formal del procedimiento seguido para levantar la suspensión de Balogun. La federación sostiene que solicitó la documentación correspondiente y que la respuesta recibida no aclaró el fondo del asunto, motivo por el cual anunció acciones para defender sus intereses deportivos. Si esta versión es correcta, la FIFA debería responder con transparencia y garantizar que todas las asociaciones miembros reciban el mismo trato.
La reacción de la UEFA, que calificó la decisión de "inaudita, incomprensible e injustificable", contrasta con el silencio mantenido hasta ahora por otras confederaciones. En asuntos que afectan a la credibilidad del fútbol mundial, guardar silencio también tiene consecuencias. La defensa de la integridad de las competiciones no puede depender del continente o del peso político de cada federación.
Las 211 asociaciones miembros de la FIFA tienen la responsabilidad de exigir explicaciones claras. Si se demuestra que los procedimientos disciplinarios fueron alterados o aplicados de forma desigual, deberán asumir las medidas institucionales que consideren oportunas, incluida la exigencia de responsabilidades a la máxima dirección del organismo. La rendición de cuentas es un principio básico de toda institución que aspire a conservar su legitimidad.
La FIFA ha construido durante décadas su autoridad sobre la promesa de garantizar competiciones justas. Esa autoridad no puede sostenerse únicamente mediante comunicados; depende de la confianza que inspire cada una de sus decisiones. Cuando esa confianza se erosiona, el prestigio del fútbol también se resiente.
El fútbol pertenece a millones de personas y no puede dar la impresión de estar al servicio de intereses particulares. La FIFA aún está a tiempo de disipar todas las dudas mediante una explicación pública, completa y verificable. Si no lo hace, el verdadero perjudicado no será únicamente un rival o una selección, sino la credibilidad del deporte más seguido del planeta.