La Audiencia Provincial de Bioko inspecciona la cárcel pública de Malabo para actualizar la situación de los presos preventivos

La Audiencia Provincial de Bioko llevó a cabo este martes una inspección judicial en la cárcel pública de Malabo con el objetivo de determinar, identificar y contrastar con precisión el número de presos preventivos, así como su situación procesal, en cumplimiento de la legalidad vigente.

La visita estuvo encabezada por el presidente de la Audiencia Provincial de Bioko, Simón Ngomo Mibuy, al frente de una amplia comitiva integrada por magistrados de la Audiencia, la jueza de Familia y Tutelar de Menores, los tres jueces de Instrucción de Malabo, fiscales de Sala y de Audiencia, además de secretarios judiciales.

La inspección responde a lo dispuesto en el artículo 526 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligatoriedad de realizar visitas periódicas a los centros penitenciarios para controlar la situación procesal de los internos y garantizar el respeto estricto de los plazos legales.

Durante más de seis horas de trabajo, la comitiva revisó de manera exhaustiva, interno por interno y juzgado por juzgado, las listas de presos preventivos, verificando el tiempo de permanencia en prisión, la causa del ingreso y el órgano judicial competente. Asimismo, se evaluó el volumen de sumarios de urgencia frente a los ordinarios, con el fin de priorizar aquellos procedimientos que deben resolverse con mayor celeridad.

Ngomo Mibuy señaló que los cambios frecuentes de jueces y secretarios judiciales suelen provocar acumulaciones de expedientes y subrayó la necesidad de reforzar la organización interna. También instó a los jueces de Instrucción a aprovechar los periodos fuera de guardia para agilizar causas pendientes y recordó la obligatoriedad de la asistencia letrada para todo procesado.

La Audiencia Provincial anunció que estas inspecciones se realizarán de forma periódica, con el propósito de evitar dilaciones indebidas, descongestionar los centros penitenciarios y garantizar que la prisión preventiva sea una medida excepcional, ajustada a la ley y al respeto de los derechos fundamentales.