DGT | Suspensión temporal del director general de Tráfico por la impresión de 947 permisos de conducir fraudulentos

El Ejecutivo ha ordenado la suspensión inmediata de funciones y salarios del director general de Tráfico, Rodado y Seguridad, Francisco Mesie, así como de los delegados regionales y sus respectivas secretarias, tras la detección de graves irregularidades en la emisión de permisos de conducir. Según la investigación, el grupo operaba al margen de CNEDOGE, adquiriendo las cartulinas a bajo costo, imprimiéndolas según la demanda y vendiéndolas a un precio muy superior.

De acuerdo con un informe preliminar presentado durante una reunión en la Vicepresidencia de la República, las pesquisas apuntan a la existencia de una red organizada que habría producido y comercializado permisos de conducir de categoría “B” al margen de los canales oficiales. El documento recoge que, desde 2021 hasta 2025, se habrían impreso al menos 947 permisos en las ciudades de Malabo y Bata, sin que existan registros estadísticos completos que respalden dicha producción.

La legislación vigente en Guinea Ecuatorial establece que los permisos de conducir tienen una validez de diez años, aunque posteriormente se redujo a cinco. Sin embargo, en 2021, el entonces Ministerio del Interior solicitó autorización para emitir permisos con vigencia de un año, petición que fue aprobada por el Gobierno. A partir de ese momento, la Dirección General de Tráfico habría contratado a una imprenta privada para producir los documentos, que debían ser validados oficialmente y comercializados a través de la Tesorería General del Estado.

No obstante, fuentes del Tesoro Público aseguran no haber recibido ingresos derivados de dichas operaciones. Según la investigación, el grupo operaba al margen de la entidad oficial CNEDOGE, adquiriendo las cartulinas a bajo costo, imprimiéndolas según la demanda y vendiéndolas a un precio muy superior. Parte de los ingresos, presuntamente, se declaraban, mientras el resto se distribuía entre los implicados.

En el caso de Bata, las autoridades sospechan que el delegado regional y su secretaria habrían retenido la totalidad de los fondos generados, alcanzando cifras millonarias en francos CFA.

El vicepresidente de la República ha instruido a la Gendarmería y a la Tesorería a verificar los movimientos financieros para determinar el alcance real del presunto desfalco. Mientras tanto, los implicados permanecerán suspendidos hasta el esclarecimiento completo de los hechos.