Clemente Ferreiro a los afectados por las demoliciones en Sipopo: "Ustedes han sido estafados"
El ministro de Estado de Obras Públicas responsabiliza a intermediarios de las ventas fraudulentas de terrenos expropiados por el Estado. “el Gobierno no se hace responsable de estas estafas”.
El ministro de estado de Obras Públicas y Urbanismo, Clemente Ferreiro Villarino, se ha reunido este martes con los residentes afectados por las demoliciones en el barrio de Sipopo, Malabo, en un encuentro donde ha asegurado que las expropiaciones gubernamentales se ajustan a la legalidad y ha acusado a particulares de haber estafado a los ocupantes.
La reunión, celebrada en la sede ministerial, ha contado con la presencia del ministro delegado de Ordenación de Tierras, Justino Nchama Ondo, y el gobernador de Bioko Norte, León Elo Ondo, entre otras autoridades. Ferreiro ha explicado a los afectados que los terrenos en disputa fueron expropiados e indemnizados por el Estado en el pasado, pero luego revendidos ilegalmente por terceros.
El ministro muy contundente: "Entendemos que habéis sido estafados por unos señores que cobraron por estos terrenos, que el gobierno ya expropió e indemnizó, y os los revendieron". Ha asegurado que las transacciones fueron fraudulentas y que el perímetro de Sipopo está declarado como "zona estratégica “para obras de interés general, abarcando 1,5 km a ambos lados de la autovía.
Ferreiro ha recordado a los presentes que desde 2020 se alertó sobre la ilegalidad de las ocupaciones: "Muchos hicieron caso omiso, desafiando a la autoridad. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento". Subraya que los permisos originales eran para uso agrícola ("finca rústica"), no para urbanización, e instó a los afectados a demandar a los presuntos estafadores.
En el mismo orden, uno de los residentes cuestionó la inconsistencia legal: "¿Cómo es que una venta certificada por un notario ahora es ilegal? Pagamos tasas en el Ministerio de Justicia para legalizar los títulos"
Como solución, el ministro ha otorgado un plazo de 14 días para que los afectados presenten su documentación en el Departamento de Ordenación de Tierras. Además, anunció que el gobierno habilitará una zona alternativa para reubicarlos. "Velamos por el bienestar de los ciudadanos y buscaremos una solución pacífica", concluyó.
Las demoliciones en Sipopo forman parte del plan estatal para proyectos de infraestructura, pero han generado tensiones por la falta de claridad en los títulos de propiedad. El gobierno insiste en que no se hace responsable a quienes compraron terrenos de forma “fraudulenta”, es decir, a intermediarios, pero ofrece vías legales y reubicación.
