Las tres principales dificultades que afrontan los jóvenes: el desempleo, el alquiler y la alimentación

La vida en las grandes ciudades del país, especialmente en Malabo y Bata, se ha convertido en una carrera de obstáculos para miles de jóvenes que buscan abrirse camino hacia la independencia personal y profesional. El desempleo, el alto coste del alquiler y la dificultad para garantizar una alimentación digna se han consolidado como los tres principales desafíos que marcan la cotidianidad de esta franja de la población, en un contexto económico cada vez más asfixiante.
 
La crisis económica que arrastra el país desde 2014 ha profundizado las desigualdades sociales y ha debilitado las perspectivas de bienestar de las nuevas generaciones. A pesar de los discursos oficiales y de algunos esfuerzos institucionales, lo cierto es que la sensación generalizada es de desánimo. Los ciudadanos expresan una creciente preocupación por la precariedad, mientras los problemas estructurales parecen multiplicarse sin que se vislumbre una salida clara en el horizonte.
 
El desempleo: Como recordaba un pensador, “el trabajo dignifica al hombre”. Sin embargo, para muchos jóvenes ecuatoguineanos el empleo digno es una meta lejana. Aun después de completar estudios universitarios o formación técnica, la mayoría se topa con un muro: la falta de oportunidades laborales. La paradoja es evidente: el país forma cada vez a más profesionales, pero el mercado laboral permanece estancado.
 
En reiteradas ocasiones, se invita a los jóvenes a emprender como alternativa al empleo asalariado. Pero esta recomendación choca con una dura realidad: no existe una política nacional que fomente el emprendimiento de manera estructurada. Los bancos, lejos de ser aliados, se convierten en barreras, pues rara vez confían en la capacidad de los pequeños negocios para devolver préstamos. Así, la iniciativa privada queda atrapada en un círculo vicioso: sin acceso a crédito, no hay proyectos; sin proyectos, no hay empleo; y sin empleo, crece la frustración social.
 
La solución requiere de un rediseño profundo de las políticas públicas. Es imprescindible que las instituciones impulsen programas de emprendimiento con fondos semilla, avales estatales y capacitación continua. No se trata solo de discursos motivacionales, sino de crear un ecosistema real que permita a los jóvenes transformar sus ideas en negocios sostenibles. El empleo, en definitiva, no puede seguir siendo una promesa incumplida.
 
El alquiler: La emancipación juvenil es un pilar esencial en el proceso de maduración social. Sin embargo, en Malabo y Bata, conseguir una vivienda digna se ha transformado en un privilegio reservado a unos pocos. Los precios de alquiler se disparan de manera desproporcionada frente a los ingresos medios de la mayoría.
 
Hoy en día, arrendar una casa con condiciones mínimas de habitabilidad supone desembolsar entre 80.000 y 200.000 francos CFA al mes. Para jóvenes con salarios modestos, cuando logran acceder a un empleo esta cifra representa más de la mitad de sus ingresos, lo que genera un desequilibrio económico insoportable.
 
El mercado inmobiliario, en manos de unos pocos empresarios que operan sin regulación efectiva, impone precios abusivos que convierten el derecho a la vivienda en una mercancía de lujo. Muchos jóvenes denuncian la falta de intervención pública en este sector, reclamando una política de vivienda social que permita el acceso a alquileres asequibles y proteja a los inquilinos frente a los abusos. La vivienda, más que un negocio, debería ser entendida como un derecho básico y un instrumento de cohesión social.
 
La alimentación: El tercer gran desafío es la alimentación, un terreno donde las dificultades se sienten cada día en los hogares. Llenar la nevera a fin de mes se ha convertido en una tarea casi imposible. La inflación golpea sin piedad el precio de productos básicos como la carne, el pescado, las frutas, el arroz o el aceite, encareciendo la vida de manera constante.
 
La consecuencia inmediata es un deterioro de la calidad de la dieta de muchas familias. Se opta por alimentos más baratos y menos nutritivos, lo que incrementa el riesgo de desnutrición y enfermedades relacionadas con una mala alimentación. En los hogares más vulnerables, la situación es aún más dramática: hay familias que simplemente no logran garantizar tres comidas diarias.
 
Aunque el Gobierno ha intentado en varias ocasiones regular los precios de productos de primera necesidad, las medidas han resultado insuficientes. La especulación comercial y la dependencia de importaciones continúan empujando los precios hacia arriba. Aquí, la intervención del Estado debería ser más firme y estratégica: incentivar la producción local, garantizar cadenas de distribución más eficientes y sancionar las prácticas abusivas de ciertos operadores económicos.
 
En definitiva; el desempleo, el alto coste del alquiler y la inflación alimentaria son tres fenómenos interconectados que erosionan el presente y el futuro de la juventud ecuatoguineana. No se trata de problemas aislados: juntos configuran una crisis social de gran magnitud.
 
La juventud, que debería ser el motor del desarrollo, se ve atrapada en una espiral de precariedad que limita sus sueños y sofoca sus proyectos de vida. La pasividad frente a estos desafíos puede derivar en una fractura social de consecuencias imprevisibles.
 
Es hora de que las instituciones asuman con seriedad el reto de garantizar un horizonte digno para las nuevas generaciones. Se requieren políticas públicas que fomenten el empleo real, que regulen los alquileres abusivos y que aseguren una alimentación accesible y nutritiva para todos.
 
El futuro depende, en gran medida, de la capacidad que tenga el país para ofrecer respuestas concretas a estos tres grandes desafíos. Porque un joven con empleo, con vivienda y con alimentación asegurada no solo gana independencia: también se convierte en ciudadano pleno y en verdadero protagonista del desarrollo nacional.