La Fiscalía acusa al director de ANDGE de defraudar más de 438 millones de CFA y pide penas de hasta 10 años de prisión

La Fiscalía General de la República ha anunciado este jueves la apertura formal del proceso judicial contra el director general de la Agencia Nacional de Desarrollo de Guinea Ecuatorial (ANDGE), Claudio Vázquez, a quien atribuye una presunta defraudación superior a 438,9 millones de francos CFA, derivada de delitos relacionados con fraude a la Seguridad Social, malversación de fondos públicos, sobrecostes en contratos, favorecimiento de terceros y uso indebido de recursos del Estado.

Durante una rueda de prensa, el fiscal general, Anatolio Nzang Nguema, informó de que el expediente fue remitido por la Gendarmería Nacional a la Fiscalía el pasado 2 de julio, tras una investigación que, según explicó, documenta un supuesto entramado de irregularidades cometido durante aproximadamente nueve años al frente de la institución.

La acusación más grave se refiere al presunto fraude contra la Seguridad Social. De acuerdo con la investigación, la dirección general de la ANDGE retenía mensualmente las cotizaciones de los trabajadores, pero esos fondos nunca fueron ingresados al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO). La Fiscalía sostiene que el dinero, estimado en 300 millones de francos CFA, habría sido desviado para otros fines.

El caso salió a la luz después de que varios empleados descubrieran que no figuraban como cotizantes al intentar acceder a prestaciones sanitarias, pese a que las deducciones aparecían reflejadas en sus salarios.

La investigación también señala presuntas irregularidades en la contratación pública. Entre ellas figura un contrato de mantenimiento de la página web institucional cuyo importe habría pasado de 1,5 millones a 2,3 millones de francos CFA, diferencia que, según la Fiscalía, estaba destinada al entonces director. Solo este procedimiento habría generado un perjuicio económico superior a 21 millones de francos CFA.

Asimismo, el Ministerio Público acusa al investigado de adjudicar contratos a una empresa vinculada a su entorno personal. Aunque la sociedad se dedicaba a actividades de estética, habría sido utilizada para facturar suministros de material de oficina y cestas navideñas que, según las pesquisas, nunca fueron entregados. El presunto perjuicio económico asciende a 28 millones de francos CFA.

Otro de los hechos investigados es el supuesto uso de fondos públicos para gastos privados, incluyendo la compra de billetes de avión en clase ejecutiva, reservas hoteleras para familiares y personas ajenas a la institución, así como la adquisición de un vehículo de segunda mano por unos seis millones de francos CFA que posteriormente habría sido vendido a la propia ANDGE por alrededor de quince millones, obteniendo un beneficio personal.

Durante su comparecencia, Nzang Nguema explicó que la defraudación a la Seguridad Social constituye uno de los delitos más graves previstos en el artículo 329 del Código Penal, al afectar directamente los derechos de los trabajadores a la asistencia sanitaria, la jubilación, las pensiones de viudedad y orfandad y otras prestaciones sociales.

El fiscal subrayó que quienes dejan de cotizar por causa de estas prácticas quedan desprotegidos frente a enfermedades, accidentes o la jubilación, además de comprometer la estabilidad económica de sus familias.

Respecto a la posible participación de otras personas, la Fiscalía afirmó que, hasta el momento, las investigaciones atribuyen la autoría de los hechos únicamente al director de la ANDGE, al considerar que era el responsable de administrar y custodiar los recursos públicos de la entidad.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, el fiscal indicó que, si los hechos son confirmados por los tribunales, el acusado podría enfrentarse a penas de entre tres y diez años de prisión, al superar ampliamente el umbral económico establecido por la legislación para agravar este tipo de delitos. Además de la responsabilidad penal, la Fiscalía solicitará la devolución íntegra del dinero presuntamente defraudado, junto con las multas e intereses correspondientes, con el objetivo de restituir los fondos de la Seguridad Social y garantizar los derechos de los trabajadores afectados.

El caso constituye una de las investigaciones por presunta corrupción de mayor impacto económico abiertas en los últimos años en Guinea Ecuatorial y se enmarca en la ofensiva emprendida por las autoridades para reforzar el control sobre la gestión de los recursos públicos y exigir responsabilidades por posibles delitos contra la administración del Estado.