Cyril Ramaphosa se niega a dimitir y el Parlamento activa el proceso para su posible destitución

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha rechazado cualquier posibilidad de dimitir pese al avance del proceso parlamentario que podría derivar en un juicio político en su contra. Según informó la cadena pública SABC News, el mandatario reiteró en un discurso televisado a la nación su intención de permanecer en el cargo y defenderse por la vía judicial de las acusaciones relacionadas con el conocido escándalo “Farmgate”.

La crisis política se remonta a 2020, cuando se produjo un robo en la finca privada de caza del presidente. Según las investigaciones, más de 580.000 dólares en efectivo desaparecieron de un sofá ubicado en la propiedad presidencial. El incidente permaneció oculto durante dos años, hasta que en 2022 un exjefe de seguridad presentó una denuncia ante la Policía, acusando a Ramaphosa de presunto lavado de dinero y de obstrucción a la justicia.

El presidente sudafricano ha negado en repetidas ocasiones haber cometido irregularidades. De acuerdo con su versión, el dinero procedía de la venta legal de búfalos realizada en su rancho. Sin embargo, las dudas sobre el origen exacto de los fondos continúan generando controversia política y jurídica. Un informe independiente publicado en 2022 señaló posibles inconsistencias en la procedencia y la cantidad real del dinero hallado en la propiedad.

La situación dio un nuevo giro después de que el Tribunal Constitucional de Sudáfrica declarara inconstitucional la votación parlamentaria celebrada en 2022, mediante la cual el Congreso Nacional Africano (ANC), partido gobernante y mayoritario en el Parlamento, bloqueó el inicio del proceso de destitución. Como consecuencia, la máxima instancia judicial ordenó reactivar el procedimiento y remitir el caso a una comisión parlamentaria multipartidista encargada de evaluar la posible responsabilidad del jefe de Estado.

El Parlamento confirmó de inmediato la creación de dicha comisión, aunque todavía no existe un calendario oficial para sus trabajos. Antes de cualquier votación formal sobre un eventual juicio político, los legisladores deberán analizar las pruebas y emitir recomendaciones.

La Constitución sudafricana exige el respaldo de dos tercios de los 400 diputados para destituir al presidente, un escenario políticamente complejo. Entretanto, los partidos de la oposición mantienen la presión y exigen la renuncia inmediata de Ramaphosa, en medio de una crisis que vuelve a poner a prueba la estabilidad política e institucional de la mayor economía africana.