Nguema Obiang Mangue ordena una auditoría en el Aeropuerto Internacional de Malabo por presuntos cobros ilegales

Las denuncias apuntan a prácticas corruptas recurrentes por parte de algunos agentes aeroportuarios. Según los testimonios, los pasajeros fueron presionados a abonar cantidades que no figuran en las tarifas oficiales, sin recibir comprobantes ni justificación clara.

El Aeropuerto Internacional de Malabo vuelve a estar en el centro de la polémica tras nuevas denuncias de presuntos casos de estafa y cobros ilegales a pasajeros. Según reportó en la noche de este viernes el canal de noticias Asonga TV, varios viajeros, tanto nacionales como extranjeros, aseguran haber sido obligados a pagar sumas no reglamentadas por el manejo de su equipaje.

Las denuncias apuntan a prácticas corruptas recurrentes por parte de algunos agentes aeroportuarios. Según los testimonios, los pasajeros fueron presionados a abonar cantidades que no figuran en las tarifas oficiales, sin recibir comprobantes ni justificación clara.

El caso ha escalado rápidamente hasta la alta esfera del Gobierno. El Vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue, ha reaccionado con contundencia al ordenar una auditoría general en el Aeropuerto Internacional de Malabo. La medida busca esclarecer los hechos y depurar responsabilidades en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas.

“El Vicepresidente ha solicitado a los órganos competentes que se investigue a fondo este asunto, como parte de su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción en la administración pública”, han indicado fuentes próximas al Ejecutivo.

El aeropuerto de Malabo, principal puerta de entrada al país, ha sido objeto de críticas en el pasado por incidentes similares. Sin embargo, este nuevo escándalo reaviva las preocupaciones sobre la gestión y control en sus instalaciones.

Con la auditoría en marcha, se espera que el Gobierno emita un comunicado oficial en los próximos días con los primeros resultados de la investigación y las posibles medidas disciplinarias o judiciales contra los implicados. La ciudadanía, por su parte, exige mayor control institucional y el fin de los abusos en los servicios públicos.