Condenan a 8 años de prisión a Baltasar Ebang Engonga, Rubén Félix Osa e Ireneo Mangue Monsuy por delitos de malversación de caudales públicos

La Audiencia Provincial de Bioko Norte ha hecho pública este martes la sentencia del sumario ordinario número 044/2024, procedente del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Malabo, en el que se enjuiciaban delitos de malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones y apropiación indebida. En calidad de cómplices, los funcionarios Rolando Asumu Ndong Oyé, Carmelo Julio Motogo Ndong y Florentina Iyanga Iñandji fueron condenados a tres años de prisión menor.

Ocho altos funcionarios y exdirectores generales del Ministerio de Hacienda fueron procesados en este caso, resultando siete condenados y una persona absuelta.

El tribunal constató la apertura irregular de cuentas bancarias con un único firmante, Baltasar Ebang Engonga Alú, quien, según la sentencia, utilizaba dichos fondos como su “bolsillo personal”.

La Audiencia condenó a los exdirectores generales de Bancas y Seguros Ireneo Mangue Monsuy Afana, Baltasar Ebang Engonga Alú y Rubén Félix Osá Nzang como autores de malversación de caudales públicos, imponiéndoles ocho años de prisión mayor y multas millonarias a favor del Tesoro Público:

• Ireneo Mangue Monsuy Afana: 68.152.470 XAF
• Baltasar Ebang Engonga: 125.405.700 XAF
• Rubén Félix Osá Nzang: 51.234.900 XAF

En calidad de cómplices, los funcionarios Rolando Asumu Ndong Oyé, Carmelo Julio Motogo Ndong y Florentina Iyanga Iñandji fueron condenados a tres años de prisión menor y al pago de multas que oscilan entre 16 y 31 millones de XAF. Además, deberán restituir al Estado los montos indebidamente percibidos:

• Rolando Asumu: 7.177.000 XAF
• Carmelo Julio Motogo: 5.409.000 XAF
• Florentina Iyanga: 10.333.333 XAF

En el mismo proceso, Saturnina Sereijo Esua fue absuelta, al no haberse probado su implicación. Asimismo, el tribunal ordenó devolver a su propietario un vehículo de alta gama incautado erróneamente, al no hallarse relación con los hechos.

Durante las vistas, los magistrados establecieron que los condenados desviaron fondos del Tesoro Público y cotizaciones de empresas aseguradoras, provocando un perjuicio económico considerable al Estado.