Última hora: El Gobierno prohíbe el cobro en efectivo de impuestos y tasas públicas

La Presidencia del Gobierno ha publicado este miércoles 10 de septiembre la Orden número 3/2025, mediante la cual se prohíbe de manera expresa la recaudación en efectivo de impuestos, tasas fiscales y parafiscales, contribuciones especiales y demás ingresos de la Administración Pública.

La medida se enmarca en las reformas orientadas a la modernización de las finanzas públicas, la digitalización de los procedimientos administrativos y la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Según la orden, el cobro en efectivo, todavía practicado en algunas dependencias, representa un riesgo para la transparencia y la correcta gestión de los recursos del Estado.

De acuerdo con el texto legal, todos los pagos deberán realizarse únicamente a través de cuentas bancarias oficiales habilitadas por la Tesorería y Patrimonio del Estado, mediante entidades bancarias colaboradoras o a través de las plataformas electrónicas autorizadas por el Gobierno.

La disposición también establece la prohibición de cobros indebidos: ningún funcionario podrá exigir tributos no contemplados por la ley ni solicitar importes superiores a las tarifas oficiales. Asimismo, queda prohibido exigir pagos adicionales, propinas o cualquier otra contraprestación no prevista en la normativa vigente.

De manera transitoria, los expendedores de efectos de valor dependientes de la Tesorería podrán recibir pagos en efectivo únicamente para este tipo de operaciones, siempre que emitan comprobantes numerados y realicen el ingreso diario en las cuentas del Tesoro.

Cada ministerio deberá designar un responsable económico encargado de conciliar los ingresos diarios con la Tesorería General, que a su vez será responsable de garantizar la uniformidad, el control y la trazabilidad de todos los pagos.

El Gobierno advierte que el incumplimiento de esta orden acarreará responsabilidades disciplinarias, contables e incluso penales, en función de la gravedad. La norma entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La orden fue firmada en Malabo el 10 de septiembre de 2025 por el primer ministro, encargado de la Coordinación Administrativa, bajo el lema oficial: “Por una Guinea Mejor”.