Posible estafa de 61 millones de francos CFA sacude a la empresa de seguridad privada SONAVI

El Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo investiga un presunto caso de estafa y apropiación indebida que afecta a la empresa de seguridad privada SONAVI y que involucra a su exabogado, un fiscal de la Gendarmería y un supuesto representante de exempleados.

El principal acusado, José Nzeng Akogo Nachama, exabogado de SONAVI, habría convencido al presidente del Consejo de Administración para desembolsar 61 millones de francos CFA, supuestamente destinados a liquidaciones pendientes con trabajadores que prestaron servicios en ARAMAR (13 millones) y MOBIL (48 millones). Nzeng aseguró haber negociado reducciones significativas de esas deudas y gestionó el pago en metálico, pese a que el caso ya estaba bajo la jurisdicción de la Magistratura de Trabajo.

El dinero fue entregado a Celestino Mba Nguema, presentado como representante de exempleados de ARAMAR, aunque carecía de acreditación legal. De esa suma, Nzeng habría exigido 4 millones como prima de gestión, operación realizada en presencia del fiscal de la Gendarmería, Diosdado Adjibi. La participación del fiscal ha generado controversia, ya que la ejecución de sentencias corresponde exclusivamente a la Magistratura de Trabajo.

Las investigaciones revelan que Nzeng y Celestino contaban solo con la autorización de 5 de los 71 exempleados y que varios beneficiarios afirman no haber recibido pago alguno. Además, los registros judiciales no coinciden con las cifras declaradas: de los 4 millones supuestamente devueltos, solo aparecen 2,95 millones, lo que aumenta las sospechas.

SONAVI reclama la devolución íntegra de los 13 millones correspondientes a ARAMAR, mientras el expediente sobre los 48 millones de MOBIL sigue abierto.

Más allá del posible fraude, el caso plantea graves interrogantes jurídicos sobre la actuación del fiscal y los límites de sus competencias. Expertos advierten que solo un juez puede “juzgar y ejecutar lo juzgado”, calificando de preocupante el precedente.

El expediente SONAVI se perfila como uno de los procesos más polémicos del año, al poner en evidencia los riesgos de los vacíos de control institucional.