El Centro Integrado San Juan, bajo sospecha por presunta falsificación de boletines

El Centro Integrado San Juan de Malabo, de titularidad pública, se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse una presunta trama de falsificación de boletines académicos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Malabo investiga al menos 25 documentos alterados correspondientes a estudiantes de Secundaria y Bachillerato. El jefe de estudios admitió negligencia por la presión de las matrículas, aunque negó haber apoyado la supuesta política de “compensación de notas”. El exdirector, en cambio, defendió esa práctica como medida motivacional.

El caso salió a la luz durante el actual proceso de matrículas, cuando un guardia de seguridad detectó irregularidades en el boletín de un alumno. El documento, que debía reflejar ocho suspensos, mostraba únicamente tres. La situación se agravó días después, al aparecer nuevos casos, lo que llevó a denunciar los hechos ante la gendarmería.

Las primeras declaraciones de este viernes, se recogen las del director actual del centro, el jefe de estudios y el exdirector, además de dos profesores voluntarios señalados como sospechosos principales. Según la investigación, los docentes habrían manipulado calificaciones en complicidad con algunos estudiantes.

Uno de los profesores declaró ante el juez que la reducción de suspensos fue autorizada por la dirección como incentivo para premiar a alumnos que participaban en actividades deportivas y culturales. El jefe de estudios admitió negligencia por la presión de las matrículas, aunque negó haber apoyado la supuesta política de “compensación de notas”. El exdirector, en cambio, defendió esa práctica como medida motivacional.

El magistrado ha ordenado al centro entregar en 24 horas una copia del informe enviado al Ministerio de Educación y ha requerido a la empresa de seguridad su contrato, para determinar el alcance de las funciones del guardia que destapó el fraude. Asimismo, los estudiantes implicados serán citados a declarar en los próximos días.

La comunidad educativa del San Juan, inaugurado en 2018 y con más de 3.000 alumnos, sigue con preocupación el desarrollo del proceso judicial. Entre acusaciones cruzadas y versiones contradictorias, el tribunal deberá esclarecer si se trata de simples irregularidades administrativas o de una red de corrupción académica con consecuencias más profundas.