Un informe de la Gendarmería revela el desvío de más de 1.124 bombonas de gas en la planta de SONAGAS

La Gendarmería Nacional ha revelado el desvío de al menos 1.124 bombonas de gas butano en la planta de SONAGAS en Malabo, ocurrido entre mayo y junio de este año. Según el informe presentado, supervisores de la empresa estatal habrían creado un sistema paralelo de cobro, mediante el cual entregaban más bombonas de las registradas oficialmente y exigían pagos en efectivo fuera del control contable.

El comerciante mayorista Coulibaly Ibrahima, de nacionalidad marfileña, denunció que muchos vendedores se vieron obligados a aceptar esta práctica irregular para no ser excluidos del suministro de gas. En su testimonio, relató que los responsables de planta condicionaban la entrega del producto a pagos “a mano”, sin recibos ni registros oficiales.

Entre los implicados figura el supervisor Jesús Asumu, quien habría reconocido los hechos durante su interrogatorio, argumentando falta de medios logísticos y abandono institucional como causas que facilitaron las irregularidades.

Tras la detención de los presuntos responsables, la Dirección General de SONAGAS ha procedido a reemplazar al personal investigado, incorporando nuevos trabajadores sin experiencia previa, a quienes se les ha dotado de vehículos y mejores condiciones laborales. No obstante, fuentes internas aseguran que los nuevos empleados están recibiendo una formación acelerada, lo que ha despertado críticas por la falta de profesionalismo y coherencia en la gestión interna de la compañía.

El caso ya ha sido remitido a la justicia, mientras la venta y distribución del gas en Malabo continúa dominada por comerciantes expatriados que cuentan con licencias oficiales para abastecer los distintos puntos de venta de la capital.

Esta no es la primera vez que SONAGAS se ve envuelta en escándalos de desvío de productos. Las autoridades y expertos del sector insisten en la necesidad de reforzar los mecanismos de control y transparencia dentro de la empresa paraestatal, a fin de evitar que prácticas corruptas sigan afectando la distribución de un recurso básico para la población.